El liberalismo democrático en México, 3a parte

3a parte

LA TRANSFORMACION POLITICA EN MÉXICO

Existen una serie de factores que concurren para afirmar que nuestro país se encuetra en un momento de definición histórica. Entre esos factores resalta la importancia adquirida por la democracia. Por ello aquí me propongo analizar, primeramente, esa forma de gobierno para precisar la orientación de mi análisis sobre la transformación en curso; un segundo aspecto que me interesa abordar es el lugar que ha ocupado la democracia en el pensamiento político de México en el presente siglo para poder así, en un tercer apartado, precisar el momento que está viviendo el país.

1. El concepto "democracia"
Giovanni Sartori en su libro Teoría de la democracia señala que nuestro tiempo puede ser calificado como " la época de la confusión democrática"[i], queriendo decir que tal concepto se ha prestado a las más diversas interpretaciones. Se ha llegado a tales extremos que incluso sus enemigos, para combatirla mejor, se autonombran democráticos[ii]. Para evitar estas confusiones es preciso encontrar una definición precisa de democracia. En donde la podemos encontrar es en la historia del pensamiento político, y más específicamente en la rama de esa historia que reivindica el valor del gobierno popular[iii]. A pesar de las diferencias entre los autores que son partidarios de la democracia, todos coinciden en reconocer como elementos distintivos de la democracia a la igualdad y a la libertad. Se entiende por igualdad el derecho-poder de intervenir en las decisiones colectivas sin importar diferencias económicas y sociales; se entiende por libertad (democrática) la participación en la formación y funcionamiento del orden político y jurídico.
Ahora bien, todas las teorías democráticas hablan de la igualdad y la libertad en referencia al ciudadano. Ciertamente la idea del ciudadano es el principio básico de la democracia. Y lo es porque en ella se reconoce que el sujeto tiene una voluntad racional que lo hace apto para intervenir en los asuntos colectivos.
Podemos decir que la democracia reconoce como elementos propios a la libertad y a la igualdad y como principio básico a la dignidad política del individuo. Cuando este concepto es empleado en referencia a una acción, a una transformación social, se convierte en una pauta para interpretar la historia y orientar racionalmente la práctica. Lógico es que en el momento que se menciona un cambio con orientación democrática, se hace referencia al paso de un gobierno no democrático, generalmente dictatorial o por lo menos autoritario, a un gobierno de carácter popular. Pues bien, las autocracias son los regímenes que niegan, reducen o manipulan la igualdad, la libertad y la dignidad política del individuo. De allí que sea apropiado decir que la democracia es la teoría y la práctica de la distribución del poder, mientras que la autocracia es la teoría y la práctica de la concentración del poder.
Una vez hecha esta aclaración estamos en posibilidad de interpretar la historia y señalar algunas pautas de acción en un caso concreto.

2. Democracia y revolución mexicana
En el ocaso del régimen dictatorial porfirista quien habló de la necesidad de pasar de la dictadura a la democracia parlamentaria fue Francisco I. Madero en su libro La sucesión presidencial en 1910. Allí sostuvo que la democracia sólo se podría alcanzar cuando volviera a tener vigencia la igualdad, la libertad y la dignidad política del individuo consagradas en la Constitución de 1857, que había sido violada constantemente por la dictadura. Madero reconoce que comenzó a interesarse por la política cuando supo del agravio que sufrieron los regiomontanos el 2 de abril de 1903. Ese día se efectuó una manifestación pacífica de ciudadanos que exigían respeto a sus derechos; pero el evento fue sangrientamente reprimido. En tal virtud formó en su estado natal Coahuila el "Club Democrático Benito Juárez" para intervenir organizadamente en las elecciones locales de 1905. Su ejemplo fue secundado por muchos coahuilenses que luego de formar otras asociaciones se reunieron alrededor de un programa y un candidato para la gubernatura. El movimiento opositor logró un amplio apoyo; empero, "las chicanas oficiales" le arrebataron el triunfo. Ante la nueva arbitrariedad la conciencia democrática de Madero fue en ascenso: reconoció que las luchas aisladas no podían modificar el estado de cosas vigente. En consecuencia, propuso la creación de una organización de carácter nacional que reuniera a la oposición, el Partido Nacional Democrático, para superar la dictadura y restablecer el orden constitucional. El programa de acción contenía los siguientes puntos: respeto al voto; limpieza en los procesos electorales; formación de un sistema de partidos; subordinación de los gobernantes a la ley[iv].
En el texto en cuestión, publicado en diciembre de 1908, Madero todavía alentó la esperanza de que el paso a la democracia pudiese ser pacífico; en el Plan de San Luis, firmado por él en octubre de 1910, perdió la ilusión y reconoció que la única alternativa que quedaba era la revolución. El cambio de parecer fue propiciado por el fraude electoral que sufrió como candidato a la Presidencia de la República[v].
La proclama de Madero encendió al país y al poco tiempo, el 24 de mayo de 1911, Porfirio Díaz tuvo que presentar su renuncia. Se convocó a elecciones; por medio de ellas Madero ocupó la Presidencia de la República el 6 de noviembre de 1911. Durante el tiempo en que gobernó se respetaron los derechos ciudadanos; se reconocieron las organizaciones políticas; se observó la ley. No obstante, su administración no abrió un proceso de reformas sociales que era un reclamo de los grupos populares que atendieron su llamado a la insurrección; el movimiento zapatista y su Plan de Ayala se significaron en este sentido. Tampoco contuvo las presiones de la oligarquía y del ejército porfirianos que exigían la continuidad de sus privilegios. Su administración sólo duró quince meses: el 22 de febrero de 1913 fue asesinado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, a manos de los sicarios de Victoriano Huerta.
La usurpación de Huerta duró hasta el 15 de julio de 1914, fecha en la que abandonó el poder presionado por las más diversas fuerzas revolucionarias. Una vez que este militar porfirista salió del país las diversas corrientes armadas acordaron reunirse en octubre del mismo año para definir un programa unitario y diseñar la nueva institucionalidad. La Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes fue un esfuerzo de entendimiento en el que se presentaron los planteamientos ideológicos de cada una de las facciones que se levantaron en armas. No sin grandes esfuerzos tales planteamientos lograron integrarse en un programa que contenía entre otros puntos la instauración de una democracia parlamentaria y la consecución de reformas sociales. Sin embargo, el deseo de unificación de las facciones y el programa respectivo no fructificaron porque las diferencias cundieron sobre todo por las desaveniencias entre, de una parte, los villistas y los zapatistas y, de otra, los carrancistas. Al no haberse dado el acuerdo en Aguascalientes los revolucionarios salieron a los campos de batalla a dirimir sus diferencias.
La facción triunfante fue la constitucionalista que abandonó la propuesta de reivindicar la Carta Magna de 1857 e instaurar el parlamentarismo, y propuso en su lugar una nueva constitución y un régimen presidencialista. Así pues, el cambio no fue de la dictadura a la democracia parlamentaria como lo quería Madero y posteriormente los convencionistas, sino de la dictadura a la república presidencialista según el parecer de Carranza y sus seguidores.
Las bases doctrinarias del constitucionalismo se encontraron en las ideas de Emilio Rabasa y Andrés Molina Enríquez. Vale la pena detenernos a analizar estas bases conceptuales: en el libro de Rabasa, La Constitución y la Dictadura, publicado en 1912, se menosprecia a la democracia[vi]. Rabasa sostiene que los hombres que intervinieron en la elaboración del Acta de 1857 produjeron un modelo democrático que no se adecuaba a la realidad del país, que necesitaba un Ejecutivo fuerte. Las circunstancias produjeron la dictadura de Díaz por lo que la realidad y la norma se encontraban en franca contraposición; se requería la formación de un gobierno fuerte sancionado por una nueva Constitución. A Rabasa le interesaba congeniar el país formal con el país real.
Antes de Rabasa, Andrés Molina Enríquez, en su libro, Los grandes problemas nacionales, publicado en 1909, había sostenido que la forma de gobierno adecuada a México era la dictadura, pero convalidada constitucionalmente[vii]. Para Molina Enríquez se requería un gobierno con amplias facultades, dictatorial, para aplicar las reformas sociales.
Rabasa y Molina Enríquez coincidieron en que el gobierno mexicano debía ser una autocracia asentada en la Constitución; sin embargo, discrepaban en los motivos que justificaban su propuesta: para el chiapaneco el motivo era el mantenimiento del orden; para el mexiquense la causa era la realización de las reformas sociales.
Recogiendo las ideas de estos dos autores, más del primero que del segundo, Venustiano Carranza llevó al congreso constituyente la crítica a la Carta magna de 1857, que contenía el modelo de democracia parlamentaria, y, en contrapartida, la propuesta de implantar una república presidencialista: "Los legisladores de 1857 se conformaron con la proclamación de principios generales que no procuraron llevar a la práctica, acomodándolos a las necesidades del pueblo mexicano para darles pronta y cumplida satisfacción; de manera que nuestro código político tiene en general el aspecto de fórmula abstracta en que se han condensado conclusiones científicas de gran valor especulativo, pero de las que no ha podido derivarse sino poca o ninguna utilidad positiva"[viii]. Criticó también, aunque indirectamente, la propuesta de Madero y los convencionistas. Para Carranza esa democracia podía ajustarse a otros pueblos, pero no a los latinoamericanos que precisaban de gobiernos fuertes[ix].
Para este dirigente nacido en Cuatro Ciénegas la democracia parlamentaria era un gobierno débil, una propuesta frustrada del pasado; en cambio, el sistema presidencialista le parecía un gobierno fuerte capaz de encaminar al país hacia el futuro.
La ideología de Madero se había movido en la dicotomía opresión-libertad para superar el dominio dicatatorial de Díaz y formar un sistema parlamentario que permitiese la participación ciudadana en el poder; la ideología de Carranza se movía en la dicotomía anarquía-orden porque se deseaba superar la "lucha de facciones", y establecer el sistema presidencialista que garantizase el orden.
En el congreso constituyente los carrancistas enarbolaron la bandera de que la norma fundamental debería tener ante todo el propósito de restablecer y garantizar la paz social; no obstante, al lado de esa facción se encontraban otras más progresistas--obregonista-- que portaban la consigna de que la ley suprema tenía que incluir las reformas sociales: "Esta diversidad de opiniones a la larga dividió a los revolucionarios triunfantes en torno al tipo de Constitución que había que dar al país al término de la lucha armada. Para unos, encabezados por Carranza y sus allegados, la Constitución, sin más, debía consagrar el gobierno fuerte, dejando el programa de reformas sociales como su herencia política a realizar según lo aconsejaran las condiciones sociales y económicas de la nación. Para otros, entre los que se encontraban una mayoría de caudillos militares y funcionarios del gobierno revolucionario, el programa de reformas sociales debía quedar inscrito en el texto constitucional"[x].
De una parte se hallaron los que proponían el orden (como Rabasa) y de otra los que sugerían adecuaciones de carácter popular (como Molina Enríquez). Esos fueron los dos ejes en torno a los cuales se movió el constituyente de Querétaro y que terminaron por conjugarse. Pero la conjugación no fue equilibrada porque se hizo quedar al jefe del Ejecutivo como el guía de la realización de las reformas. De allí surgieron los rasgos paternalistas y populistas del régimen. Ante esto cabe recordar que no hay nada más alejado del paternalismo y el populismo que la democracia porque ésta reivindica la dignidad política (antipaternalista) y la autodeterminación (antipopulista).
La creación del partido oficial también respondió al objetivo de superar la anarquía de la lucha de facciones y de crear un sistema que unificara el poder.
La institución presidencial y el partido oficial lograron un amplio consenso sobre todo porque fueron producto de la revolución de 1910. El respaldo popular se incrementó en la medida en que hubo una identificación entre la base popular y el vértice político en torno a las reformas. Para ello se estipuló una especie de acuerdo entre los gobernantes y los sectores sociales que dió pié a lo que entonces se llamó "alianza de clases". Ese convenio de naturaleza corporativa comprometió a las dos partes: el gobierno tenía que desarrollar las reformas sociales, las masas se obligaban a proporcionarle su apoyo. A esta forma de captación del consenso se le conoce como "legitimidad por efectividad", lo cual significa que el régimen de la Revolución optó por fincar su base de sustentación en la adhesión de las masas a los programas de gobierno que incluían la implantación de la educación gratuita, el reparto agrario, la legislación laboral, la asistencia social, la salud pública, garantías al inversionista, incentivos a la producción, creación de empleos, etcétera.
La legitimidad democrática, como participación real de los ciudadanos en el proceso decisional, fue sustituida por la capacidad gubernamental para atender las demandas materiales de los grupos populares. Durante décadas el reformismo se mantuvo como una constante; fue la época del llamado "milagro mexicano". Pero en un momento determinado esa pauta comenzó a debilitarse. Eso fue un síntoma de que el empuje histórico de la revolución comenzaba a menguar.

3. La nueva etapa
La reducción del reformismo impulsado por la Revolución de 1910 se hizo patente al inicio de la década de los setenta. Ello caminó de la mano con la crisis que comenzó a manifestarse en esos años, lo cual repercutió desfavorablemente en las bases consensuales del sistema. La cuestión puede sintetizarse en los términos siguientes: los políticos mexicanos confiaron en el desarrollo económico sostenido para mantener el programa de reformas; contaron, asimismo, con que las reformas suministrarían el respaldo social. Pero la crisis detuvo el desarrollo, las reformas y, en consecuencia, las adhesiones populares.
Uno de los problemas de la "legitimidad por efectividad" es que depende del mejoramiento social, de tal suerte que cuando la economía se estanca el consenso ya no fluye de la misma manera. Eso fue lo que pasó en México: la caída de los salarios y el desempleo erosionaron el pacto corporativo.
Si en la década de los setenta la crisis afectó el programa de reformas, en la década de los ochenta, al detenerse aún más el desarrollo, el reformismo fue abandonado y, en la práctica, también la acción política de inspiración revolucionaria. El proyecto del régimen de matriz carrancista, como hemos visto, combinó el Ejecutivo fuerte con el reformismo; la estrategia que lo subplantó se deshizo del asistencialismo pero mantuvo la fuerza del Ejecutivo. En otras palabras: hay continuidad en la línea de gobierno autoritario, pero existe una diferencia entre el asistencialismo y el neoliberalismo que se echó a andar.
Los mecanismos de captación del consenso ya no son los mismos. En este ambiente surgió la demanda de democratización. Lo que resulta claro es que se necesita un nuevo diseño político para dar cauce y respuesta a esa demanda.
Todo esto comporta un curioso problema de interpretación de la historia: al realizarse la Constitución de 1917 se pensó que la democracia era un asunto del pasado pero hoy la democracia vuelve por sus fuero.
El pacto en el que descansó la estabilidad del régimen ha quedado en desuso. Para fundar la nueva etapa se requiere un acuerdo ya no corporativo y vertical, sino asociativo, pluralista y horizontal. El nuevo contrato debe contener también un principio de justicia distributiva.
Voluntaria o involuntariamente la justicia social ha sido confundida con frecuencia con el paternalismo y el populismo. De hecho durante décadas en México el populismo y el paternalismo caminaron paralelamente a la justicia social (otra cosa es si esa justicia se logró realmente). De esta identificación nació el ataque neoliberal a las tres cosas juntas, paternalismo, populismo y justicia. No obstante, debe resaltarse que no son lo mismo. Tan es así que hoy es impostergable la superación del populismo y del paternalismo; pero se requiere que la justicia social sea actualizada dentro de los marcos de la democracia.
Con el objeto de puntualizar esa demanda aquí me interesa presentar sus elementos principales: limpieza en los procesos electorales; consolidación de un sistema de partidos; vigencia del Estado de derecho; justicia social; mayores atribuciones al legislativo; desmantelamiento del corporativismo; estipulación de un pacto político fundador de una fase histórica diferente.
Si alguien me hiciese la observación de que varios de estos elementos pertenecen al ideario de Madero y los convencionistas, yo no tendría objeción en admitirlo. No es casual que al cierre de un ciclo de largo alcance las convicciones democráticas que están en sus cimientos, y que en algún sentido fueron negadas y oculatadas, vuelvan a aparecer. Pero la demanda también recoge la sugerencia de las doctrinas democráticas y de justicia social contemporáneas.
Haciendo una síntesis de lo que se ha expuesto hasta aquí se podría decir que Madero propuso una democracia, pero sin justicia social; los convencionistas el parlamentarismo con justicia social; los carrancistas establecieron un gobierno fuerte junto con un sistema populista de reformas; los neoliberales pugnan por el incremento del autoritarismo y el alejamiento de cualquier criterio redistributivo. No obstante, debe abrirse una alternativa que se mueva en favor de la democracia parlamentaria y de la justicia social.
En abono de esta propuesta están las ideas normativas de la democracia, es decir, la igualdad en el derecho-poder de participar en la definición de las decisiones colectivas, la libertad como capacidad de definir una voluntad política autorregulada y la dignidad política de los mexicanos.

4. Una salvedad
Lo dicho hasta aquí corresponde a una interpretación de la historia y a una propuesta para abrir una etapa democrártica en México. No obstante, debemos reconocer que la historia no sigue un deseño único marcado por el determinismo, es decir, aquello que se proyecta puede ser o no ser; nada est
a escrito. La transición democrática puede verse frustrada por diversos factores que pesan en su contra, como el cuello de botella evolutivo planteado por la perniciosa combinación entre la política económica neoliberal y el autoritarismo presidencialismo que hoy se ha transformado en punto de debilidad y determinaciones erráticas.
A nadie escapa que México se encuentra agobiado por una serie de factores adversos que pueden frustrar la apertura de una nueva etapa civilizatoria. Allí está la crisis económica que repunta; la proliferación de la violencia en sus múltiples vertientes como los asaltos, secuestros, crímenes, incremento de las bandas de delincuentes, el narcotráfico, y, en otro rango, el surgimiento de movimientos insurreccionales armados. Son signos preocupantes que, de extenderse, llevarían a México no a una nueva y superior etapa de desarrollo sino a una involución, a una decadencia que lo hundiera en la anarquía. Podemos agregar diversos ejemplos de que las cosas no marchan siempre por en rumbo que uno quiere. Veámos: un elemento que jugó a favor de la estabilidad posrevolucionaria fue la cohesión de la élite dirigente. Hoy esa élite registra discrepancias internas que han salido a la luz pública muchas veces de manera bochornosa como son los escándalos de corrupción entre prominentes empresarios y gente de extracción política. Debemos decir que la degradación de la élite gobernante es un rasgo constante de toda la historia en los momentos de decadencia.
Así pues, no hay que caer en el determinismo de que la transición no tiene obstáculos. México puede estarse moviendo, sin que nos demos cabalmente cuenta, hacia la decadencia y con ello a su desaparición como nación soberana.
La moneda está en el aire y hay que actuar en consecuencia. Se impone, por tanto, para evitar la degradación, una doble tarea: fortalecer las instituciones nacionales y clarificar el proyecto democrático cuya realización ya se ha retrasado demasiado.
[i]. Giovanni Sartori, The theory of democracy revisited, Chatham House, Nueva Jersey, 1987, p. 3; traducción al español, Teoría de la democracia, Alianza Universidad, Madrid, 1988, p. 21.
[ii]. Ibidem, p. 4; trad. esp. p. 22.
[iii]. Allí se reconocen, Otanes, Pericles, Cicerón, Marsilio da Padova, Johannes Althusius, John Lilburn, Baruch Spinoza, Rousseau, Kelsen y muchos otros Cfr. Heródoto, Historias, T. II, UNAM, México, 1976, p. 50; Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, Porrúa, México, 1985, pp. 83-85; Cicerón, De la República, UNAM, México, 1984, p. 21; Marsilio da Padova, Defensor pacis, (1,8), Utet, Turín, 1975, pp. 144-145; Althusius, Politica, Guida, Nápoles, 1980, pp. 2-3; Don M. Wolfe, Leveller manifestoes in the puritan revolution, Nueva York, 1944; Baruch Spinoza, Tratado teológico-político, Juan Pablos, México, 1975, cap. XVI; Jaen Jacques Rousseau, Du contrat social, T.III, Gallimard, Pléiade, París, 1964, p. 403; Hans Kelsen, Teoría general del derecho y del Estado, Unam, México, 1958, p. 336.
[iv]. Francisco I. Madero, La sucesión presidencial en 1910, Fosa, México, 1985. En este libro hay un fragmento especialmente ilustrativo en torno a la crítica al egoísmo privado: "Los que llevan una vida regalada, tranquila, despreocupada, entregados a las mil diversiones que proporcionan las bagatelas que acompañan a nuestra civilización, los que sólo se preocupan por su bienestar material, encontrarán sin duda que soy un espíritu pesimista, que veo todo con colores demasiado sombríos; pero que esas personas se tomen la molestia de hojear la historia, y verán la suerte que han corrido los pueblos que se han dejado dominar, que han abdicado todas sus libertades para entregarse a los placeres, que han sacrificado la idea de patriotismo, que significa abnegación, a la del más ruin de los egoísmos; que han dejado de preocuparse de la cosa pública, para ocuparse exclusivamente de sus asuntos privados", p. 28.
[v]. "Plan de San Luis", contenido como anexo al libro de Arnaldo Córdova, La ideología de la Revolución Méxicana, Era, México, 1973, p. 429.
[vi]. Emilio Rabasa, La Constitución y la Dictadura (estudio sobre la organización política de México), Revista de Revistas, México, 1912, p. 11.
[vii]. Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales, Imprenta de A. Carranza e hijos, México, 1909, p. 347.
[viii]. Venustiano Carranza, "Al abrir el Congreso Constituyente sus sesiones, el 1 de diciembre de 1916 en la ciudad de Querétaro", en Los presidentes de México ante la nación, Cámara de Diputados, México, 1966, p. 109.
[ix]. Ibidem., pp. 108-109.
[x]. Arnaldo Córdova, "La Constitución y la democracia", en Id. La nación y la constitución, Claves Latinoamericanas, México, 1989, pp. 65-66.